Uruguay debatió en Ginebra las luces y sombras de la situación de los derechos humanos y la recomendación de Naciones Unidas de "abolir" la ley de impunidad.
No es una casualidad que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya reclamado al gobierno uruguayo la "abolición" de la ley de caducidad, en momentos en que la Corte Electoral analiza la validación de más de 300 mil firmas que habilitarán la convocatoria a un plebiscito en octubre para anularla; como tampoco es una casualidad que el Poder Ejecutivo haya remitido al Parlamento, en esta coyuntura, una ley de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado que, al menos en su exposición de motivos, se pliega a los principios de la comunidad internacional en materia de genocidio y delitos de lesa humanidad.
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